El pasado martes comenzó a discutirse en el Senado el proyecto de reforma a la ley de alquileres.

La iniciativa que reforma la norma aprobada en 2019, establece que la vigencia de los contratos se reduzca de 3 a 2 años con una actualización que podrá efectuarse en un plazo de entre 4 y 12 meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

Es decir, las partes (propietario e inquilino) deberán acordar el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo ser: Índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas y el índice de salarios elaborados por el INDEC.

Cabe destacar la preocupación de los inquilinos frente a la posible aprobación de esta ley, ya que consideran que se verán directamente afectados debido a que la relación entre propietarios e inquilinos a la hora de acordar el precio es dispar.